#VisiónPerú
Por Mesías Guevara Amasifuen
Una sombra de inestabilidad se cierne sobre el Perú. Lo que comenzó en 2016 como un «efecto pataleta» de Keiko Fujimori, al negarse a aceptar un resultado electoral democrático, se ha convertido en un ciclón político persistente que ha fracturado la gobernabilidad y sumido al país en lo que podemos denominar una década perdida (2016-2026). Este periodo, marcado por una crisis institucional sin precedentes, ha tenido un alto costo para el desarrollo nacional.
La expresión más clara de esta inestabilidad es la sucesión vertiginosa de mandatarios. Hemos llegado a la cifra de siete presidentes, y con los recientes tambores de guerra y cuestionamientos a José Jerí, no se descarta que la cifra pueda ascender a ocho. Este vendaval político también ha barrido con el Poder Legislativo, produciendo tres Congresos de la República, cada uno peor que el anterior. Lejos de representar la voluntad popular que los eligió, muchos de sus miembros han servido a intereses subalternos, traicionando la confianza del pueblo.
En esta década perdida, hemos sido testigos de cómo los acuerdos políticos han sido guiados por intereses personales y de grupo, dejando de lado los grandes objetivos nacionales y las ideologías. El Congreso se consolidó como el centro de operaciones, donde las diversas bancadas se unieron sin reparos para controlar la Mesa Directiva y, desde allí, gobernar. Sometieron a sus designios al Ejecutivo, encarnado en la presidenta Dina Boluarte, quien, en un acto de reciprocidad, promulgó leyes que favorecen la impunidad, la criminalidad y un mercantilismo voraz.
Fujimori, Acuña, López Aliaga, Cerrón, Luna, junto a congresistas de Acción Popular y Avanza País, forman parte de lo que bien podría llamarse una corte destructora. Su accionar ha logrado que el Perú involucione, retrocediendo décadas en su práctica democrática e institucionalidad. El mal manejo fiscal es la norma, y los ministerios se manejan por consigna política, como reflejo de una repartija que pone en riesgo la capacidad del Estado para enfrentar crisis. Si una pandemia como la del COVID-19 volviera a golpearnos, las consecuencias serían aún más catastróficas.
Este proceso de demolición sistemática tuvo un ensayo particularmente agresivo con Pedro Castillo. Se aplicó contra él un alto índice de discriminación hasta lograr su vacancia, levantando la bandera del anticomunismo y ofreciendo evitar que el Perú se convirtiera en Venezuela. Sin embargo, sus propios actos y leyes nos han llevado a convertirnos en la distopía «Peruzuela». Hoy, este grupo controla instituciones claves como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y pronto pretenderán el Sistema Electoral, para controlar las elecciones de 2026. Nos han convertido, en definitiva, en lo que nos advirtieron que no permitirían que fuéramos.
En la más reciente jugada de esta ruta demoledora, los actuales inquilinos del Congreso han vacado a la propia Dina Boluarte. Lo han hecho, una vez más, movidos por el cálculo político y los intereses personales, pensando en las elecciones del 2026. Con esta vacancia, pretenden lavarse la cara, reinventarse como demócratas y volver la mirada al pueblo en busca de un apoyo popular que nunca merecieron.
Estos personajes caracterizados por terruquear, discriminar y ver al Estado como un botín, que han protegido la criminalidad, ahora pretenderán presentarse como mansos e inocentes corderos, respaldados por campañas millonarias. Harán lo imposible por mantenerse en el poder, pretendiendo que el pueblo olvide las heridas que abrieron sin miramiento en el corazón de la nación, dejándola indefensa ante las fauces de la delincuencia. Frente a este panorama, es momento de recordar. Jamás olvidar que el efecto pataleta de Keiko Fujimori en 2016 provocó el ciclón al que en 2021 se sumaron otros actores con los que hoy gobiernan desde el Congreso. Pero más allá del recuerdo, tenemos la gran tarea de recuperar la gobernabilidad y el desarrollo nacional. Este es el desafío del próximo quinquenio, que debe ser el gobierno de la gran transformación. Para lograrlo, se requiere la participación y unida de los hombres y mujeres de bien, que sin duda son la gran mayoría silenciosa de este país. El futuro del Perú depende del despertar de esa mayoría.
Publicado en el diario Ahora Jaén.
