Por Mesías Guevara
La criminalidad sigue incrementándose de manera acelerada haciendo que la inseguridad ciudadana se vuelva el principal problema a resolver. La trata de personas, el narcotráfico, los delitos cibernéticos, la minería y la tala ilegal se están consolidando, generando incertidumbre y zozobra en la población. A diario a través de los medios de comunicación nos enteramos de acciones violentas como la pérdida de vidas a manos de los sicarios, secuestros y quema de buses por los extorsionadores, las noticias dan cuenta que cada 4 horas ocurre un homicidio en el país. Su impacto también alcanza al crecimiento económico tal como lo expresa el Banco Mundial, así como a la economía de los emprendedores y de los ciudadanos que se ven obligados a contratar policías particulares y sistemas de video vigilancia . La inseguridad ciudadana se ha convertido en la prioridad número uno de la población y que el Estado tiene que resolver.
Sin embargo, por todo esto podemos afirmar que estamos perdiendo la guerra, por la falta de liderazgo y decisión del gobierno que tiene una actitud indolente y sin capacidad de establecer medidas estratégicas y tácticas, que por el contrario asume actitudes desesperadas como la declaratoria de emergencia y la propuesta de que el ejército salga a patrullar las calles, que no está preparado para afrontar dichas manifestaciones.
Vemos que se ha constituido una cadena del antivalor integrada por el ejecutivo y el congreso de la república, que de manera irresponsable han dado y convalidado leyes que favorecen a la criminalidad, han producido una ruptura en el sistema de justicia, que no abona a la construcción de un círculo virtuoso con la policía nacional. Las instituciones del Estado están desorganizadas y tienen que enfrentar a organizaciones criminales organizadas.
Bajo el concepto de los stakeholders tenemos que identificar a los diversos grupos de intereses que intervienen en la seguridad ciudadana, tales como: La policía nacional, sistema de justicia, congreso de la república, migraciones, ministerio del interior, juntas vecinales, rondas campesinas y urbanas, alcaldes y gobernadores regionales; quienes deben responder a una estrategia bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEV).
Por el carácter de urgencia e importancia se debe establecer medidas en el corto plazo como: Reestructurar a la policía nacional en su organización y su mística, depurando a los malos efectivos que están involucrados en actos de corrupción, consolidando la carrera meritocrática como los ascensos y evitando su manipulación política, fortaleciendo inteligencia, dotándoles de buena infraestructura y laboratorios de criminalística. Hay experiencias buenas que se pueden emular como la formación del grupo GEIN. Otra acción en el corto plazo es ser riguroso en los procesos de admisión en las escuelas de suboficiales y en la de oficiales, porque hay serios indicios que se estarían cometiendo serias irregularidades hasta llegar a la infiltración de bandas criminales.
No menos importante es el fortalecimiento de migraciones para evitar el ingreso de criminales internacionales, sumado a la expulsión de sus lideres previamente capturados como resultado de una exhaustiva acción de inteligencia.
Los alcaldes deben evaluar la permanencia o reestructuración del serenazgo que actualmente además de estar atomizado y desarticulado, no está cumpliendo a cabalidad su lucha contra la criminalidad. Resulta clave el uso intensivo de las cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, para que facilite el reconocimiento facial de los prontuariados. Y promover la participación ciudadana a través de las juntas vecinales, rondas campesinas y urbanas, bajo la primicia que la seguridad ciudadana es tarea de todos.
