Por Mesías Guevara
Una de las debilidades del estado peruano es que sus instituciones pertenecientes a diversas instancias del ejecutivo, legislativo, judicial, fuerzas armadas y policiales no tienen solidez para defender su autonomía, las cuales son violentadas por la intromisión de ciertos intereses políticos y económicos.
La institucionalidad es uno de los principales soportes de la competitividad del país, sin embargo, muchos funcionarios que han sido elegidos por voto popular o designados, actúan en contra de ella. En la actualidad el epicentro de demolición de la institucionalidad de nuestro país está en el Congreso de la República, con sus leyes han roto el equilibrio de poderes sometiendo al Poder judicial y al ejecutivo convertido hoy en su satélite.
El equilibrio de poderes garantiza y fortalece la institucionalidad, consolida la interdependencia, es decir, que las instituciones actúen con autonomía y a la vez interactúen estrechamente entre sí.
Hay intereses subalternos que buscan debilitar el sistema de justicia atentando contra la gobernabilidad, golpear las instituciones del sistema electoral lo cual debilita la democracia y la confianza de la ciudadanía en el sistema político, interferir en la autonomía del Banco Central de Reserva que afecta la política monetaria.
La institucionalidad garantiza un eficaz sistema de control y fiscalización cuya tarea fundamental es velar el uso transparente de los recursos públicos. Lo mismo ocurre con las funciones y atribuciones de la defensoría del pueblo.
La desinstitucionalización del estado provoca que las decisiones gubernamentales sean tomadas y lideradas por grupos cuyos objetivos responden a sus intereses particulares. Los derechos fundamentales de los ciudadanos serían permanentemente vulnerados sin que estos tengan la oportunidad de defenderse. La fractura de la institucionalidad provoca que el estado se convierta en el reino de la incertidumbre y de la injusticia.
Ante esta situación, es urgente consolidar la institucionalidad sobre la base de las 35 políticas de estado que están adscriptas al Acuerdo Nacional, las mismas que en su momento fueron aprobadas de manera articulada y consensuada por las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil organizada. Construir y fortalecer ciudadanía para que haya una conciencia crítica y sensible sobre la importancia de la institucionalidad en la gobernabilidad del país y en la defensa de la coactividad, es decir, que los ciudadanos asuman sus deberes y defiendan sus derechos. Formar una burocracia seria y profesional que defienda la autonomía de la institución que representan y que forman parte: El sistema de justicia, sistema electoral, sistema de control y fiscalización, junta nacional de justicia, tribunal constitucional, defensoría del pueblo, banco central de reserva, fuerzas armadas y policiales, los ministerios sectoriales. Fortalecer a los partidos políticos para que formen líderes con un profundo sentimiento patriótico de tal manera que su accionar este alineado con los intereses nacionales. Por otro lado, deben servir como un instrumento democrático para canalizar las demandas sociales.
Estas propuestas y otras traen beneficios como: Garantizar la gobernabilidad del país, el mismo que permitirá establecer una sociedad pacífica generando un ambiente favorable para el fomento de la inversión pública y privada. Consolidar la imagen de un país con estabilidad jurídica para las inversiones. Defender los derechos de los ciudadanos sin ningún distingo. Mejorar la transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos del estado. Formar ciudadanía y políticos con capacidad profesional, solvencia moral y sensibilidad social. La institucionalidad es un factor que impacta directamente en la consolidación del desarrollo de nuestro país, por ello es necesario generar mecanismos para evitar su deterioro y confrontar a los que impulsen su ruptura.
