#VisiónPerú
Por Mesías Guevara Amasifuen
La corrupción es la madre de los males de nuestra sociedad. Es la causa raíz que perpetúa la pobreza, alimenta la inseguridad ciudadana y condena a nuestros servicios públicos de salud y educación a la precariedad. Este flagelo es el responsable de obras públicas paralizadas y sobrevaloradas, de ahuyentar las inversiones y de cerrar las puertas de las oportunidades para las mayorías. Como el enemigo público número uno, la corrupción frena nuestro desarrollo, pudre las instituciones del Estado y descompone el tejido social. Enfrentarla exige un cambio profundo, y la piedra angular de este cambio es la transparencia.
Esta transparencia debe cimentarse en una ética colectiva, en una conciencia social guiada por la integridad. Valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad deben permear no solo la esfera política, sino cada rincón de la vida nacional. La educación cívica, forjada desde la familia y la escuela, es fundamental para criar ciudadanos que antepongan el bien común al interés personal. A esto se suma la Transformación Digital, una poderosa herramienta que democratiza el acceso a la información, reduce la discrecionalidad y empodera a los ciudadanos, dándoles en sus manos la capacidad de vigilar el uso de los recursos públicos y acabar con los manejos oscuros.
Sin embargo, la transparencia y la ética requieren de un andamiaje institucional fuerte. Es urgente consolidar un sistema integrado de control y fiscalización, donde todas las entidades actúen de manera comprometida y sincronizada. Este sistema debe incluir al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General, el Congreso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el OECE, el Tribunal Constitucional y la Procuraduría, con la vigilancia ciudadana como eje transversal.
Para que este sistema funcione, cada pieza debe cumplir su rol con absoluta independencia y eficacia:
- Junta Nacional de Justicia (JNJ): Debe designar y ratificar a jueces y fiscales con base en su probidad y capacidad, sancionando con rigor a los magistrados que fallen y actuando siempre lejos de intereses subalternos. La designación de los miembros de la JNJ debe ser revisado y sus resultados deben ser auditados.
- Contraloría General de la República: Su labor debe ser técnica y preventiva, actuando desde la etapa de planeamiento de los proyectos y procesos de licitación, evitando la compra sobrevalorada, y no solo como un auditor reactivo, libre de toda presión política.
- OECE (Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes): Debe crear y mantener una cartera de proveedores confiables, excluyendo a los sancionados. Sus resoluciones ante irregularidades en las adjudicaciones deben ser vinculantes, no simples recomendaciones que los titulares de los pliegos pueden ignorar. Requiere ser fortalecido con recursos humanos y tecnológicos para tener un alcance nacional efectivo.
- Ministerio Público: Necesita una reestructuración profunda que asegure que los fiscales, además de ser íntegros, posean un conocimiento especializado en la compleja gestión pública para investigar con eficacia.
- Congreso de la República: La comisión de fiscalización, las investigadoras y de acusaciones constitucionales deben actuar con seriedad, objetividad e imparcialidad. Es imperativo que los congresistas que las integren no estén bajo investigación penal en curso, para evitar conflictos de interés y garantizar credibilidad.
- Tribunal Constitucional: Sus miembros deben ser juristas de reconocida solvencia moral que respondan únicamente al interés público y al mandato constitucional, no a los intereses políticos coyunturales de quienes los eligen.
Solo cuando estas instituciones trabajen de forma coordinada, como los engranajes de un mismo mecanismo, podremos combatir eficazmente la corrupción y la impunidad. El objetivo es garantizar que la ejecución del gasto público sea transparente y eficaz, recuperando para el Perú la fe y la confianza perdidas.
Publicado en el diario Ahora Jaén.
