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Por Mesías Guevara Amasifuen
Para la ciudadanía en general, la elección de Jerí en la presidencia de la república, representa la consolidación de un pacto existente entre fuerzas políticas que están gobernando desde el congreso y a espaldas del pueblo. Su figura simboliza la continuidad de un sistema de poder que ha llevado al Legislativo a niveles de desprestigio históricos.
Jerí, proveniente de Somos Perú, un partido que forma parte del pacto gobernante y que tiene a una lideresa señalada por tener serios cuestionamientos, no accedió al cargo por su trayectoria impecable o por un amplio consenso. Por el contrario, su corta y turbulenta vida política está marcada por una serie de acusaciones que van desde violencia sexual hasta enriquecimiento ilícito, abonada por el hecho de que no fue elegido por voto popular como congresista, y por ser el autor del informe final que archivó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023
La presidencia de Jerí es el fruto de una alianza de los partidos políticos que gobiernan desde el congreso de la república, junto a otros actores. Dicha alianza ha encontrado en Jerí un alfil para aferrarse al poder que de facto han adquirido. Carecen de toda legitimidad porque su único afán es el control, no el servicio público.
Este Congreso, del cual Jerí es parte, es ampliamente rechazado por la ciudadanía. Su historial reciente incluye la aprobación de leyes que muchos analistas y la población califican como «leyes de impunidad», normas «pro-crimen» y exoneraciones tributarias hechas a la medida de ciertos grupos de poder económico.
Esta agenda legislativa ha reforzado la percepción mayoritaria de que el Perú no está siendo gobernado por representantes del pueblo, sino por intereses políticos y económicos.
La estrategia para mantenerse en el poder no se limita al espacio congresal. Jerí ha colocado a Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros, un personaje catalogado como ultraconservador, cuya agenda se centra en implantar un gobierno de mano dura para criminalizar la protesta social y las manifestaciones públicas. Esta medida busca amedrentar a la disidencia y crear un clima de autoritarismo que silencie las voces críticas.
El pacto que sostiene a Jerí tiene el control de los órganos autónomos clave para la democracia como: el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. En estos escenarios se libran batallas cruciales para asegurar resoluciones y nombramientos que favorecen sus intereses y blindan su proyecto de poder.
El otro escenario de batalla, y quizás el más importante, es el sistema electoral, desde donde buscarán influir acciones que validen que los resultados de las próximas elecciones les sean favorables. El objetivo es perpetuar su dominio más allá del actual periodo legislativo. La presidencia de Jerí es el resumen de un sistema político capturado, por un grupo de partidos, que están unidos por los intereses subalternos y no por un proyecto de país, estos se han erigido como un poder fáctico que decide el destino de la nación sin contar con su consentimiento.
Publicado en el diario Ahora Jaén.
